Airbnb entra en turbulencia en Colombia: nuevo decreto pondría a los anfitriones a cumplir reglas de hotelería

Colombia decidió moverles el piso a las plataformas de alojamiento turístico y abrió a consulta un proyecto de decreto que, de aprobarse tal cual está, reconfiguraría por completo el negocio de alquileres cortos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el documento el 2 de diciembre de 2025, y hasta el 17 de diciembre ciudadanos, gremios y plataformas podrán opinar. Después de esa fecha, el Gobierno tendrá vía libre para convertirlo en obligatorio.

El texto propone una línea roja que hasta ahora no existía: todas las plataformas extranjeras como Airbnb deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT) a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Gobierno aclara que esto no las convierte en empresas domiciliadas en el país, pero sí las obliga a cumplir los mismos requisitos que cualquier prestador turístico. Es decir, la era del “alquilo mi apartamento sin mayor vuelta” podría estar llegando a su fin.

El proyecto va más allá y aterriza donde duele: las viviendas turísticas deberán demostrar autorización explícita de la propiedad horizontal, contar con conceptos sanitarios actualizados y presentar certificados de seguridad. Sin ese paquete completo, no habría RNT. Y sin RNT, no habría operación. Así, lo que el documento llama un “requisito previo y obligatorio” podría convertirse en la barrera más fuerte que ha enfrentado el mercado informal de alojamiento en el país.

Si la norma avanza, cualquier persona que rente un apartamento, casa, finca, grampín o cabaña mediante plataformas digitales tendrá que formalizarse como prestador turístico. Las cámaras de comercio serán las encargadas de revisar que los papeles estén en regla y podrán negar solicitudes cuando detecten incumplimientos. Es un mensaje claro para quienes operan por fuera del radar: la puerta seguirá abierta, pero con mayor control y menos improvisación.

El proyecto también crea el Sistema de Verificación y Control del RNT, una base que permitiría cruzar datos con la DIAN, Migración Colombia y autoridades locales. En la práctica, esto llevaría la trazabilidad del negocio al siguiente nivel, una herramienta atractiva para el Estado, pero incómoda para quienes se beneficiaban de la informalidad o la opacidad en tarifas y ocupación.

Por ahora, nada está escrito en piedra. El documento sigue en consulta pública hasta el 17 de diciembre. A partir del día 18, el Gobierno podrá ajustar, archivar o expedir el decreto. Solo entonces se sabrá si la regulación se vuelve un nuevo estándar o si este capítulo se queda en advertencia. Mientras tanto, anfitriones, plataformas y turistas observan en silencio cómo Colombia decide el futuro de su mercado de alquiler turístico.